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12/12/2018

"El Congreso por fin reconoce los derechos sociosanitarios y laborales de los donantes vivos"

por Lola Montalvo

Nuestra colaboradora aborda en su nuevo artículo los nuevos avances en derechos sociosanitarios y laborales de los donantes vivos en nuestro país.

En artículos previos traté el tema de la falta de cobertura sociosanitaria y laboral de los donantes vivos cuyos derechos en materia laboral y sanitaria se veían menoscabados al no tener derecho a baja laboral y al poder perder su puesto de trabajo por no considerarse su intervención quirúrgica fruto de una patología o ILT, o derivado de un accidente laboral o no.

Concretamente, este tema lo planteé en este artículo de octubre de 2017: http://www.seden.org/-derechos-socio-sanitarios-del-donante-vivo--1225

y en este otro artículo de mayo de 2018: http://www.seden.org/-derechos-socio-sanitarios-del-donante-vivo%E2%80%A6-continuamos--1281

que se publicaron en esta web de SEDEN, aparte de en mi propio espacio blog.


Bien, el pasado 23 de octubre de 2108 el Congreso por fin aprobó

«…una enmienda a la proposición no de ley del Partido Socialista sobre protección sociolaboral a donantes vivos, por la que se exhorta al Ejecutivo a modificar la legislación actual a este respecto, y los trasplantes entre personas vivas sean considerados causa de incapacidad temporal para el trabajo...» —https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/el-congreso-aprueba-una-enmienda-para-considerar-la-donacion-en-vivo-incapacidad-temporal/—.

Además, se

«…insta al Gobierno a que regule por ley que estas personas, que ya con un solo riñón deben vigilar algo más su salud, no puedan ser penalizadas a la hora de contratar o renovar su seguro de salud o les suban la prima de un seguro de vida al firmar un préstamo bancario...» —http://cadenaser.com/ser/2018/10/23/sociedad/1540294734_069760.html—.

¿Qué supone esto? Que ser donante vivo no derive en un menoscabo de los derechos sociales, sanitarios y laborales de una persona con respecto a otra que no ha sufrido una intervención quirúrgica para donar un órgano o tejido. La generosidad de un donante vivo, que en dicho acto pone en riesgo su propia seguridad, su salud e, incluso su vida, no puede derivar en un castigo social, en el que pierda derechos y se vea abandonado por las administraciones públicas. Ya sabemos que hay ciertos empresarios que no tienen pudor ni reparos por lo que algunos donantes se han visto limitados en la disponibilidad de permisos para hacerse pruebas diagnósticas y para obtener bajas laborales tras la intervención por donación. Esas empresas no consideran al trabajador como enfermo y no le reconocen ese derecho, por lo que muchas personas han visto su puesto de trabajo en peligro. Bien, pues esto se ha acabado. El empresario ya está sujeto a una ley que defiende los derechos de los trabajadores que deciden donar en vida.

En el año 2014 —precisamente el año que yo doné mi riñón— hubo 423 trasplantes de donante vivo, según la Organización Nacional de Trasplantes; en 2017 esta cifra se redujo hasta 332 trasplantes, lo que supone un 22% menos de donaciones de este tipo. Es fácil suponer que el patente menoscabo de derechos del donante vivo llevara a más de uno de los donantes potenciales a pensárselo y no consumar un acto altruista cuando su propia situación y su proyecto de futuro, su seguridad laboral y social se veían en peligro. Reconocer por ley ciertos derechos —básicos y lógicos— a los donantes vivos puede lograr que esta cifra de donaciones se recupere. Así lo espero. Me alegro de este logro y me alegro de haber aportado mi granito de arena para poner el foco sobre un enorme problema y una injusticia social que muy pocos conocían.